El Govern de Cataluña ha dado un paso significativo en su estrategia para abordar la crisis de acceso a la vivienda. Esta semana anunció la adquisición de 452 pisos a InmoCaixa, filial de CriteriaCaixa, por un importe de 30,5 millones de euros, destinados al alquiler social. Según Sílvia Paneque, consellera de Territori, esta operación no será un caso aislado y marca el inicio de una política que busca ampliar el parque público de vivienda con 50.000 pisos antes de 2030.
Una estrategia ambiciosa pero desafiante
El objetivo planteado por el president Salvador Illa supone un reto significativo. Actualmente, el Departament de Territori tiene garantizadas 4.002 viviendas, una cifra que está lejos de las metas establecidas. Para acercarse a este objetivo, a principios de 2025 se lanzará una convocatoria para crear una reserva pública de solares, con la que se espera construir 20.000 viviendas adicionales.
Además, se han identificado más de 86.000 viviendas potenciales que podrían movilizarse a largo plazo en proyectos urbanísticos actualmente en distintas fases de tramitación. Paneque subrayó que el Govern trabajará en colaboración con los entes locales para agilizar estas aprobaciones, ofreciendo las herramientas necesarias para facilitar el desarrollo de estos proyectos.
Colaboración público-privada y negociaciones abiertas
Otra pieza clave de esta estrategia es la colaboración público-privada, que permitirá llevar a cabo nuevas operaciones similares a la reciente compra a InmoCaixa. Aunque Paneque no dio detalles específicos sobre posibles acuerdos con bancos y fondos, afirmó que el Govern está en conversaciones con «todos los agentes del sector». Esta fórmula busca maximizar los recursos y garantizar que las viviendas se incorporen al parque público de manera más rápida y efectiva.
La recuperación de áreas residenciales estratégicas (ARE)
Un punto destacado de la hoja de ruta es la recuperación de áreas residenciales estratégicas (ARE). Estas áreas, reguladas en 2007 bajo el tripartito de José Montilla, estaban destinadas a la creación de nuevos barrios con un 50% de vivienda pública. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 paralizó estos planes.
Ahora, el Govern busca reactivar algunos de estos desarrollos, aunque no todos serán viables debido a condiciones urbanísticas y económicas actuales. Una de las ARE que ya se ha desbloqueado es la de Montesa, en Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). Este tipo de proyectos representan una oportunidad para aumentar significativamente el parque público, siempre que se superen los desafíos de financiación y gestión.
Un camino lleno de retos
Aunque la meta de incorporar 50.000 viviendas públicas es ambiciosa, el propio Departament de Territori reconoce las dificultades. La disponibilidad de suelo, las complejidades legales y la necesidad de una coordinación efectiva entre administraciones y el sector privado serán determinantes para el éxito de esta estrategia.
Por otro lado, las negociaciones con bancos y fondos plantean un desafío adicional: cómo garantizar que estas operaciones beneficien a los ciudadanos más vulnerables y no se conviertan en transacciones que favorezcan a las grandes entidades financieras.
Hacia un parque público europeo
El Govern pretende que estas medidas acerquen a Cataluña a los estándares europeos en vivienda pública, donde países como Austria o los Países Bajos cuentan con un porcentaje considerable de vivienda pública en alquiler. La clave estará en equilibrar el ritmo de construcción con la calidad de las viviendas y asegurar que las políticas no solo respondan a la urgencia, sino que también sean sostenibles a largo plazo.
En este contexto, la apuesta por modelos como las ARE, la reserva pública de solares y la colaboración público-privada podrían ser herramientas clave para transformar el panorama habitacional en Cataluña, siempre que se implementen de manera eficiente y con la transparencia necesaria.
