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El dilema del aprendizaje en castellano en las escuelas catalanas: conflicto y debate

Un conflicto sin resolver

En los últimos tiempos, el tema del aprendizaje en castellano en Cataluña ha cobrado una relevancia significativa. La Generalitat se encuentra en el ojo del huracán por su política lingüística en el ámbito educativo. Todo comenzó cuando Societat Civil Catalana presentó una queja en 2024, instando al Defensor del Pueblo a investigar la situación. La organización argumentaba un posible trato discriminatorio hacia los alumnos hispanohablantes en las aulas.

Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, ha intentado obtener respuestas claras de la Generalitat respecto a las orientaciones que el Departamento de Educación de Cataluña podría haber dado a las escuelas. El objetivo es asegurar el derecho al aprendizaje en castellano. Sin embargo, ese intento ha sido en vano. La Generalitat parece haber ignorado estos requerimientos, actitud que preocupa tanto a Gabilondo como a las partes implicadas.

generalitat de catalunya

La insistencia de Gabilondo

Ante la silenciosa respuesta de la Generalitat, Gabilondo ha emitido un segundo requerimiento urgente. Ha recordado al gobierno catalán su “deber inexcusable de colaboración”, un principio estipulado en la Ley Orgánica 3/1981. Es una clara indicación de que el asunto no será pasado por alto fácilmente.

La falta de cooperación por parte de la Generalitat conduce a un “involuntario retraso”, como lo define la institución del Defensor del Pueblo, en el esclarecimiento de los hechos. Esta situación se agrava ante el contexto histórico: en 2024, el Decreto 91/2024 del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña fue objeto de disputas legales. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendió temporalmente el decreto, el Defensor del Pueblo vio prudente investigar más sobre las políticas en juego.

La polémica del Decreto 91/2024

El Decreto 91/2024 ha levantado polvo desde su implementación. En julio de 2024, el Defensor del Pueblo comenzó su actuación informativa tras recibir quejas de varias asociaciones. Estas entidades sostenían que, a pesar de la suspensión del decreto por parte del TSJC, la Generalitat estaba aplicando criterios discriminatorios respecto al uso del castellano.

En septiembre de 2025, el TSJC dio un paso significativo al anular ciertos artículos del decreto. Sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse. La demanda de información del Defensor del Pueblo permanece vigente, una señal de que el tema no se ha archivado sin soluciones claras a la vista.

Derecho a la educación y la polémica lingüística

El núcleo del debate radica en si la política lingüística de la Generalitat constituye una herramienta de exclusión del castellano. Esto se percibe no solo como un atentado al derecho a la educación, sino también como un potencial contribuyente al fracaso escolar en la región. Además, se invoca la Constitución Española, específicamente el artículo 3, que garantiza que el castellano sea la lengua oficial del estado y de uso libre para todos los ciudadanos.

Este conflicto ha revelado una división entre derechos lingüísticos y políticas identitarias dentro del sistema educativo catalán. La falta de una solución clara y el desdén hacia las peticiones del Defensor del Pueblo sugieren que la disputa está lejos de concluir. Será interesante observar cómo el gobierno catalán y las entidades involucradas navegan este terreno resbaladizo en los próximos años.

La pugna destaca la complejidad de un conflicto que toca fibras sensibles

La pugna sobre el uso del castellano en las aulas catalanas destaca la complejidad de un conflicto que toca fibras sensibles tanto de identidad como de derechos humanos fundamentales. La falta de una respuesta clara de la Generalitat al Defensor del Pueblo solo alimenta la polémica. Este escenario sugiere la necesidad urgente de un diálogo abierto y constructivo que pueda conducir a soluciones efectivas y equitativas.

Mientras el debate continúa, queda por ver si las partes involucradas lograrán encontrar un terreno común que respete tanto los derechos individuales como la diversidad cultural y lingüística de Cataluña.