El Ayuntamiento lleva al pleno extraordinario del martes dos medidas que encarecerán la escala de los cruceros cortos y el IBI de los hoteles con mayor valor catastral
El gobierno municipal de Barcelona ha dado un paso más en su política de contención del turismo masivo. Este próximo martes 22 de septiembre, una comisión extraordinaria de Economía y Hacienda debatirá y votará dos propuestas de modificación de las ordenanzas fiscales que afectan directamente al sector turístico: una subida del recargo que pagan los cruceros de corta estancia y un incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aplicado a los grandes establecimientos de ocio y hostelería.
La iniciativa la ha presentado el teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, quien ha dejado clara la hoja de ruta del consistorio: Este gobierno ha congelado la fiscalidad que recae sobre las familias y ha centrado las reformas de ordenanzas en hacer que el sector turístico contribuya en mayor proporción a las finanzas municipales, para compensar las externalidades que genera.
En otras palabras, quien genera impacto en la ciudad debe pagar más; quien vive aquí, no.
¿Qué cambia exactamente con los cruceros?
Actualmente, los barcos que hacen escala en Barcelona durante menos de 12 horas pagan un recargo municipal de 5 euros por pasajero. La propuesta eleva esa cifra hasta los 24 euros por persona, el máximo que permite la legislación catalana aprobada recientemente, aunque el aumento se aplicaría de forma gradual hasta el año 2030 para no generar un impacto brusco en el sector.
Si la propuesta prospera, el Ayuntamiento prevé recaudar 23,7 millones de euros adicionales al año en 2031. Pero el propio Valls ha subrayado que el objetivo no es llenar las arcas municipales, sino desincentivar este modelo de visita. Y no es una postura nueva: el alcalde Jaume Collboni ya anunció en mayo su intención de que los cruceros de corta estancia tiendan a cero
en la ciudad. Este recargo es, en la práctica, una palanca para hacer que esa actividad resulte menos rentable para las navieras.
El contexto refuerza la medida: el Puerto de Barcelona ya ha acordado reducir sus terminales de cruceros de siete a cinco, una decisión que encaja con la estrategia más amplia del consistorio para recuperar parte del espacio y la habitabilidad del frente marítimo.
¿Qué pasa con el IBI de los hoteles?
La segunda medida afecta al llamado IBI diferenciado de Ocio y Hostelería, un tipo impositivo especial que ya se aplica a los hoteles con mayor valor catastral de la ciudad. Ahora mismo ese porcentaje es del 1,17%; la propuesta lo eleva hasta el 1,3%, el techo máximo permitido.
El impacto económico de este cambio se calcula en 4,7 millones de euros para las arcas municipales. De esa cantidad, 3,8 millones corresponden estrictamente al cambio de tipo impositivo, mientras que los 0,9 millones restantes responden a la actualización del valor catastral que se realizó en 2018 y que todavía no se había trasladado del todo a la fiscalidad vigente. En términos sencillos: los grandes hoteles pagarán más, porque la ciudad considera que generan un impacto que va más allá de sus muros y que merece una contribución proporcionalmente mayor.
Una estrategia de fondo, no una medida aislada
Estas dos propuestas no surgen de la nada. Forman parte de una política sistemática que el gobierno de Collboni ha ido desplegando a lo largo de esta legislatura con el turismo como eje central de debate. Entre las medidas ya adoptadas destacan la creación de la denominada Zona Bus 4.0 para ordenar el aparcamiento de autocares turísticos, la subida del precio de entrada al Park Güell hasta los 18 euros, o la decisión de extinguir las licencias de apartamentos turísticos a partir de 2028.
Todo ello en un momento en que Barcelona vive con intensidad el debate sobre qué tipo de visitante quiere atraer y cuánto está dispuesta a soportar. Las fiestas de la Mercè 2026, que arrancan justo esta semana, son un recordatorio de que la ciudad tiene una identidad propia que defender más allá de la imagen de destino turístico global.
¿Qué significa esto para el barcelonés de a pie?
Para el vecino o la vecina de Barcelona, el mensaje del gobierno municipal es claro: estas subidas fiscales no les tocan directamente. No subirá el IBI de las viviendas particulares, ni se encarecerán los servicios cotidianos. La apuesta es que el turismo —especialmente el de menor valor y mayor impacto— financie parte de los costes que genera: saturación del transporte público, presión sobre los barrios, deterioro de espacios públicos.
Distritos como el Gòtic, la Barceloneta o el Eixample llevan años absorbiendo el grueso de esa presión. Medidas como esta buscan, al menos en parte, que los beneficiarios económicos directos del turismo asuman una parte del coste que hoy recae sobre los hombros de quienes simplemente viven aquí. En ese sentido, iniciativas de proximidad como la apuesta gastronómica de Nou Barris o el impulso a espacios como Montjuïc como destino de ocio local apuntan a un modelo más equilibrado, donde la ciudad no gire exclusivamente en torno al visitante.
Próximos pasos
- Martes 22 de septiembre, 10.30 horas: sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda en la Sala Lluís Companys del Ayuntamiento.
- Si la comisión da luz verde, las propuestas seguirán el trámite ordinario de modificación de ordenanzas fiscales.
- La subida del recargo de cruceros se aplicaría de forma progresiva hasta 2030; el nuevo tipo de IBI hotelero entraría en vigor una vez aprobada la ordenanza.
El sector hotelero y las empresas navieras aún no se han pronunciado públicamente sobre las propuestas. Habrá que esperar a la sesión del martes para saber si la medida avanza sin resistencia o si genera debate en la cámara. Lo que parece fuera de duda es que la ciudad busca fórmulas para equilibrar economía local y presión turística, y que la fiscalidad se ha convertido en una de sus herramientas preferidas para lograrlo.
